LA CRISIS DEL MINISTERIO PÚBLICO:

LA CRISIS DEL MINISTERIO PÚBLICO

III PARTE

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UN PELDAÑO MÁS EN LA ESCALADA DE LA CORRUPCI&= Oacute;N

1 de noviembre d= el 2004

La sociedad hondureña se encuentra en presencia de una escalada publicitaria y seudo legal para sane= ar los expedientes, borrar las huellas y “limpiar” imágenes= DE RECONOCIDOS POLÍTICOS CORRU= PTOS que pretenden seguir manipulando el destino de nuestro país. Intentan detener la avalancha regional que se origina en Costa Rica, donde tres ex Presidentes se encuentran en el banquillo de los acusados, continúa = en Nicaragua, donde un ex Presidente está en la cárcel y el actu= al está siendo cuestionado, y llega hasta Guatemala donde un ex Preside= nte se encuentra prófugo de la Justicia y un Vicepresidente enfrenta a los tribunales de= la República.

Esta demanda regional de transparencia se traduce, a nivel nacional, en un profundo miedo de los corruptos que MUEVEN SUS INFLUENCI= AS, SUS ABOGADOS Y EX ABOGADOS, SUS EMPLEADOS, ACTIVISTAS, PERIODISTAS CORRUPTO= S Y SERVILES A SUELDO, y que se unen en una cruzada amoral para mantener la opacidad del Estado frente a la demanda de transparencia que la sociedad exige y el país necesita.

El Ministerio Público e= s un componente más de una escalada que se complementa con el retroceso e= xperimentado en = la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que ha sido devuelta CON TOTAL IMPUNIDAD a la Secretaría de Finanzas, con el control partidario del Tribunal Superior de Cuentas y c= on la desarticulación del Consejo Nacional Anticorrupción, sin q= ue hasta la fecha se conozca la instancia que supuestamente la iba a sustituir= .

Este es el marco en donde debe insertarse la lucha que han iniciado los fiscales en el Ministerio Público. De su desarrollo y desenlace va a depender la ruta que seguirá la lucha contra la corrupción en nuestro país y permitirá medir el grado de fortaleza o debilidad de la institucionalidad democrática para enfrentar la influencia que tienen los corruptos en el Estado hondureño.

UN ATENTADO CONT= RA EL ESTADO DE DERECHO

La crisis del Ministerio Público continúa revelando hechos que deben preocupar a la sociedad hondureña y poner en estado de alerta a los ciudadanos y ciudadanas concientes de la gravedad del fenómeno de la corrupción en el país. La situación ha adquirido VISOS DE ESCÁNDALO cuando = ha trascendido la violación flagrante del Estado de Derecho cometida po= r el Fiscal General al convertir al Ministerio Público en UNA INSTITUCIÓN DE VIGILANCIA Y ACECHO a los fiscales y empleados administrativos, instalando de manera subrepticia (bajo la excusa de una fumigación que nunca se produjo) micrófonos, cámaras de vídeo y otros mecanismos de con= trol en oficinas y pasillos. El hecho constituye un RECORDATORIO VERGONZOSO DE LA PEOR ÉPOCA DE LA HISTORIA de nuestro país en la q= ue los militares invadían la vida privada de la ciudadanía para grab= ar las conversaciones de los opositores y críticos, con la complicidad = de la Compañí= ;a de Telecomunicaciones HONDUTEL, y enviaban carros y motocicletas sin placas= a perseguir, encubiertos o descarados, a los que consideraban una amenaza al Estado de Honduras, en pleno frenesí del anticomunismo que reinaba en esa época.

Una situación similar se está produciendo hoy en el Ministerio Público, A VEINTICUATRO AÑOS DE HABER INICIADO LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA, a catorce años de ha= ber finalizado la guerra fría, en plena reconstrucción del Estado= de Derecho y precisamente en una institución llamada a perseguir a todos los que atenten contra los intereses de la sociedad. La situación difiere de la de los años ochenta en los protagonistas ya que no son= los militares los que hoy violan estos derechos y garantías individuales= , SON CIVILES CONVERTIDOS EN AUTORIDAD = DEL MINISTERIO PÚBLICO por el voto de los partidos Nacional, Liberal= y Demócrata Cristiano; son policías y ex policías coloca= dos en esa institución para realizar trabajos de vigilancia y seguimient= o de ciudadanos, sin que medie para ello delito alguno, mucho menos, orden de un juez competente.

UN ATENTADO CONT= RA LA SOCIEDAD

El Ministerio Público e= s una institución clave para el combate de delitos comunes, del crimen organizado, de la corrupción, de delitos contra la niñez, la mujer, las etnias y el patrimonio cultural, y tantos otros. Es una instancia que depende de la eficiencia de la Policía de Investigación para reunir las pruebas suficientes que deberán ser presentadas ante las autoridades judiciales; pero la decisión de condenar o absolver a los delincuentes ES POTESTAD EXCLUSIVA= DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL. Los fiscales que asumen la= carga de la prueba, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, están obligados por ley a presentar todos los recursos necesarios cuando un juez emite una sentencia que no coincide con lo que el Ministerio Público desea probar, y está obligado a hacerlo hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia= , si se considera necesario.

La orden emitida directamente = por el Fiscal General, a través de terceras personas, para presentar ante <= st1:PersonName ProductID=3D"la Corte Suprema" w:st=3D"on">la Corte Suprema de Justicia= el desistimiento de varios casos de corrupción, es un atentado contra l= os intereses de la sociedad, porque el Ministerio Público está obligado CON LA SOCIEDAD Y NO C= ON EL PODER JUDICIAL Y MUCHO MENOS CON LOS CORRUPTOS que saldrían beneficiados de esta acción. Lo más preocupante es la información de que el propio Director de Fiscales TIENE UNA LISTA DE LOS CASOS QUE SERÍAN DESISTIDOS DESPUÉS DE LOS PRIMEROS, hecho que se ha parado por el escándalo que se ha armado, y que beneficiaría a amigos personales del Fiscal General, del Director de Fiscales y de importantes figuras de los diversos partidos políticos.

BENEFICIARLOS A = TODOS

PARA VOLVERLOS CÓMPLICES

Entre los casos desistidos y l= os casos por desistir no solamente están los casos del ex Presidente Callejas, hecho que por si solo es sumamente ofensivo para la sociedad; también se encuentran amigos personales de las altas autoridades del Ministerio Público y personas de varios partidos políticos, situación que llama la atención porque es UNA CONTINUIDAD DE UNA PRÁCTICA INICIADA EN EL CONGRESO NACI= ONAL con las condonaciones realizadas a sectores diversos y con cuantías diversas, cuya lista, vergonzosamente extensa, fue publicada en La Gaceta en meses ant= eriores. La posibilidad de salir beneficiados con los desistimientos de casos en el Ministerio Público pudiera estar generando UN ACUERDO TÁCITO ENTRE CORRUPTOS DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS y autoridades del Ministerio Público, para no h= acer nada en torno a la crisis que enfrenta dicha institución.=

De ahí entonces que el = hecho de que la Corte Suprema de Justicia acordara rechazar los desistimientos y que el propio ex Preside= nte Callejas renunciara a los mismos, además de la intención tardía manifestada por las autoridades del Ministerio Público= , NO CONSTITUYE NINGUNA GARANTÍA= DE QUE LOS DESISTIMIENTOS SE HAN PARADO, dependiendo de la forma en que se resuelva esta crisis, porque siguen inalterables las personas que est&aacut= e;n cumpliendo un papel clave en el proceso de beneficiar corruptos. La atención ciudadana debe dirigirse también hacia la forma en q= ue resolverá la Corte Suprema de Justicia los casos objeto de los desistimientos.

PERSONAS CLAVE EN PUESTOS CLAVE

PARA FAVORECER <= st1:PersonName ProductID=3D"LA CORRUPCIￓN" w:st=3D"on">LA CORRUPCIÓN

Las dos figuras clave del Mini= sterio Público, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, y los emplea= dos incondicionales del primero, como el Director de Fiscales, poseen determina= das características que los convierten en figuras clave de los intereses oscuros que subyacen a la crisis del Ministerio Público: No tienen i= dea del significado de esa institución en el proceso de construcci&oacut= e;n de la democracia; no tienen el conocimiento profesional y técnico necesario para dirigirla; tienen una visión autoritaria, desfasada, manipuladora, intimidatoria y utilitaria de la institucionalidad del Minist= erio Público; poseen una visión policial de las relaciones con los fiscales y demás empleados; tienen una visión de la institución como botín del partido de gobierno y poseen una visión manipuladora de los casos de corrupción, para negociar= presupuesto y congraciarse políticamente con el poder actual y futuro.

La figura clave para ejecutar = el nuevo rol del Ministerio Público como UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE INTERESES OSCUROS que ate= ntan contra los intereses de la sociedad, la constituye el Director de Fiscales, Jaime Banegas, quién al parecer procede de la siguiente manera:=

Llamamiento a los fiscales que llevan casos sensitivos, para informarles que el Fiscal General no quiere que se recurran (apelación, casación o amparo).

Orden a los fiscales de no expresar agravios ni presentarse en = los Tribunales a las audiencias previstas.

Retención de los expedientes para que venzan los plazos y los fiscales no puedan seguir con el proceso.

Presión a los fiscales para que desistan de los casos.

Desestimar los criterios profesionales de los fiscales que cuestionan las decisiones que vienen de instancias superiores.

Turnar los casos objetados a otros fiscales quienes reciben ord= en de hacer determinadas diligencias.

Orden de cambiar una acusación por otra que beneficie a = los implicados (habría que investigar lo denunciado por algunos fiscales en la prensa escrita, de cambiar una acusación de tráfico de drogas por transporte de drogas, lo que implica una reducción sustancial y conmutable de la pena).

LA INSTITUCI&O= acute;N A= L SE= RVICIO

DE LOS INTERESES POLÍTICOS

La utilización de recur= sos que la ciudadanía paga con sus impuestos en campañas publicitarias de funcionarios y empleados públicos que son candidato= s a cargos de elección popular, se ha vuelto una PRÁCTICA VERGONZOSA en nuestro país. Lo pudimos v= er en las elecciones pasadas cuando el actual Presidente de la República en su calidad de candidato presidencial, y sus más cercanos colaboradores, demandaban una auditoría externa al Congreso Nacional, cuando era ostensible que el entonces Presidente del mismo, y también candidato a la Pre= sidencia, utilizaba recursos públicos para financiar su campaña elector= al.

Exactamente lo MISMO ESTÁ OCURRIENDO AHORA, con el agravante de que son más los funcionarios involucrados (además del Presidente del Congreso Nacional están los Alcaldes del Distrito Central y San Pedro Sula, entre otros) y que se ha abierto un expediente en contra de ellos en = el Ministerio Público. La decisión tomada por el Fiscal General y por su mano derecha, el Director de Fiscales, es ORDENAR EL TRASLADO DE LOS CASOS DE CAMPAÑAS ELECTORALES A <= st1:PersonName ProductID=3D"LA DIRECCIￓN DE" w:st=3D"on">LA DIRECCIÓN DE FISCALÍA, con el propósito explícito de NO INCOMODAR A PERSONAS POLÍTI= CAS CLAVE para la obtención de apoyo financiero, como el Presidente = del Congreso Nacional y el Alcalde del Distrito Central, por si acaso ganara las elecciones, lo que deja a la sociedad hondureña sin saber quié= ;n es el alcalde que ha gastado 38 millones de lempiras de los impuestos municipales en publicidad. Igual suerte corrió el caso contra el Tribunal Supremo Electoral acusado de no sancionar la instalación de vallas publicitarias.

LOS FISCALES QUE= SE RESISTAN

SERÁN CASTIGADOS

Hechos como los narrados anteriormente, y otros que irán saliendo para poner a prueba la capa= cidad de asombro y de indignación de la ciudadanía hondureña, empujaron a = la Asociación de Fiscales a salir con su emblemático pronunciamiento “NOS DA VERGÜENZA”. La reacción de las autoridades del Ministerio Público, autoritaria, violadora de procesos administrativ= os y de los derechos de los fiscales, no se hizo esperar: procedieron a despedir = a los que se atrevieron a cuestionarlos, comenzando por el presidente, el vicepresidente y el secretario de la Asociación de Fiscales, y a traslada= r a otras fiscalías a otros fiscales que les incomodaban en la ejecución del nuevo rol del Ministerio Público. Ambas decisio= nes constituyen violación de los derechos más elementales de los fiscales, pero las tomaron por el sentido de impunidad con que actúa= n y POR LA CERTEZA DE SABE= R QUE EL PODER POLÍTICO LOS PROTEGE y que los tres poderes del Estado son cómplices de lo que está ocurriendo en el Ministerio Público.

Nuevamente vemos a polí= ticos disfrazados de autoridades del Estado, en este caso del Ministerio Público, actuando con el viejo estilo de los militares; PURGANDO A LOS CRÍTICOS Y ROTA= NDO A LOS INCÓMODOS, lo que evidencia no sólo el estilo autorit= ario y desfasado de las autoridades del Ministerio Público, sino también un vacío de legalidad institucional, en el que no exi= ste una Comisión de Alto Nivel, con representación de la Asociación de Fiscales, para analizar los criterios institucionales para mover fiscale= s y que no quede el recurso como un instrumento de castigo a los que no coincid= en con las máximas autoridades.

La situación se vuelve más preocupante por la presión que están ejerciendo las autoridades del Ministerio Público sobre los fiscales y empleados administrativos, quienes están siendo obligados a unirse a las manif= estaciones montadas políticamente para demostrar apoyo a las arbitrariedades que están cometiendo las autoridades de la institución, y con la aparición, como manifestantes, de testigos presentados por personas acusadas por el Ministerio Público ante los tribunales.

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ANTE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MINISTERIO PÚBLICO

EL FORO CIUDADAN= O SE PREGUNTA:

¿Por qué guardan silencio los partidos políticos? ¿Por qué no dice nada= el Presidente del Congreso Nacional? ¿Por qué se mantiene al mar= gen el Presidente de la República? ¿Por qué callan los candidatos a cargos de elección popular? ¿Por qué no d= icen nada los políticos honestos? ¿Cuál es el interé= s de presentar la crisis del Ministerio Público como un problema laboral = que debe ser manejado en el ámbito doméstico, internamente y sin menoscabar "la autoridad" del Fiscal General, cuando en real= idad es un problema que atañe a la sociedad y la institucionalidad democrática? ¿Qué está haciendo el Consejo Ciudadano? ¿Existe aún? ¿Por qué las organizaci= ones ahí representadas no dicen nada? ¿Es acaso más conveni= ente para ellos, callar y tolerar, que vigilar y denunciar? ¿Qué está pasando con la ética en nuestro país? ¿SERÁ CIERTO QUE VIVIMO= S EN UN PAÍS DE CÓMPLICES?

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