Coordinador General:
Víctor Meza

Investigadores:
Leticia Salomón
Edmundo Orellana M.
Manuel Torres C.
Lucila Fúnes V.

Introducción:

En el mes de septiembre del 2001, hace ya precisamente tres años, los principales dirigentes políticos del país, incluyendo a los cinco candidatos presidenciales de entonces, firmaron dos documentos en extremo importantes para la vida política y social de Honduras: El Manifiesto de los partidos políticos al pueblo hondureño (04 de septiembre) y El Acuerdo nacional de transformación para el desarrollo humano en el siglo XXI (18 de septiembre).

En ambos textos, los dirigentes políticos asumieron más de una veintena de compromisos que apuntan a cambios impor-tantes en las estructuras institucionales del país y en el sistema electoral, en el modelo económico y social, en las relaciones entre el Estado y la sociedad y en la cultura política en general.

Uno de esos compromisos fue el de "redactar un proyecto de Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que modernice el régimen electoral y mejore las posibilidades de la competen-cia política". Dicho proyecto de ley fue finalmente preparado por una comisión jurídico-técnica integrada por representantes de todos los partidos políticos, con el respaldo y patrocinio de países y organismos de la comunidad donante internacional. Presentado ante el Congreso Nacional, el mencionado proyec-to fue objeto de una minuciosa revisión por la Comisión de dictamen y, por fin, aprobado por el pleno legislativo y converti-do en Ley de la república el día 15 de mayo del 2004, fecha en que fuera publicado el Decreto 44-2004 en el diario oficial La Gaceta.

La aprobación y entrada en vigencia de la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, o Ley Electoral como sim-plemente se la conoce, significa la introducción de cambios importantes en el funcionamiento del sistema político-electoral y, de manera especial, en el propio sistema de partidos políti-cos que actualmente funcionan en Honduras.

La nueva ley, a pesar de su innegable importancia para el pro-ceso de construcción democrática que se vive en Honduras, todavía no ha sido analizada en forma suficiente por la clase política local y por las organizaciones clave de la sociedad civil. Aunque parezca paradójico, los propios dirigentes políticos que favorecieron -unos más y otros menos- la aprobación de la nueva legislación electoral, con demasiada frecuencia dan muestras de no estar plenamente enterados de su contenido ni de los alcances e impacto que la misma tiene y pueda tener en relación con el sistema político tradicional del país.

Poco a poco, los políticos van descubriendo los detalles y el significado que tienen los diferentes artículos de la Ley, la in-fluencia que los mismos habrán de ejercer en el comportamien-to del electorado y la forma en que habrán de repercutir en los resultados de las próximas elecciones, tanto en las internas y primarias de los partidos políticos en febrero del 2005 como en las generales de noviembre del mismo año.

No es casual que a escasos meses de haber aprobado la ley, algunos dirigentes políticos y aspirantes a cargos de elección popular ya estén clamando a favor de su reforma, en un tardío intento por "corregir" aquellos aspectos que, en su opinión, pudieran afectarles en los próximos torneos electorales. A la presión de estos políticos, se suma la de otros grupos particu-larmente influyentes y decisivos, los llamados "poderes fácti-cos", que han visto lesionados sus intereses sectoriales por algunas de las restricciones y límites que la nueva Ley impone en el manejo, patrocinio y desarrollo de las interminables y tediosas campañas electorales.

La nueva Ley, como es lógico suponer tomando en cuenta las características del sistema político local, no es un conjunto coherente y armonioso de disposiciones y reglas para ampliar el contenido democrático de los procesos electorales, favorecer su apertura y volverlos más abiertos e incluyentes.

El texto de la Ley, una vez analizado en detalle y con suficiente espíritu crítico, muestra las fisuras y contradicciones inevitables que se derivan de un proceso difícil y prolongado de concerta-ción política. Revela, por lo tanto, avances y retrocesos, vaive-nes pendulares entre lo positivo y rescatable del pasado frente a lo negativo y rechazable del presente. Es una muestra del inevitable forcejeo entre la tendencia a mantener la tradición conservadora de ayer y la tendencia a favorecer las demandas democratizadoras y modernizantes del presente y del inmedia-to futuro.

Esas, entre otras, son las razones por las cuales el texto de la nueva Ley Electoral aparece como una mezcla contradictoria de progreso y estancamiento, de evolución democrática y re-zago tradicional. Junto a disposiciones de evidente contenido moderno y democrático, se mantienen elementos de las viejas reglas del juego, en un cuadro laberíntico y a veces confuso que no acaba de combinar con el suficiente éxito la moderni-dad necesaria con la tradición inevitable.

Para descifrar un tanto los códigos íntimos de la nueva legisla-ción y, al mismo tiempo, medir su impacto en el sistema de partidos y en el modelo general de cultura política que funciona en el país, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) decidió emprender un trabajo de investigación y análisis sobre estos problemas, incorporando además una especie de radio-grafía del sistema político local, realizada a través de las entre-vistas y relatos de algunos de sus principales protagonistas.

Este trabajo, que abarca un análisis comparado de la vieja y la nueva legislación electoral, incursiona también en la interpreta-ción de su impacto sobre la cultura política del país, sobre la relación con uno de los poderes fácticos más influyentes de los últimos tiempos -los medios de comunicación social y sus aso-ciaciones de propietarios- y sobre la forma en que afecta o condiciona el papel de las mujeres en la vida política nacional. Al final, como para ilustrar el panorama y facilitar insumos clave a los lectores, se incluyen entrevistas con cuatro ex presiden-tes de Honduras -José Simón Azcona, Rafael Leonardo Calle-jas, Carlos Roberto Reina y Carlos Roberto Flores- y una con el actual mandatario Ricardo Maduro.

En conjunto, este trabajo del CEDOH, convertido hoy en el libro "Democracia, legislación electoral y sistema político en Honduras" que ponemos en manos de nuestros lectores, pre-tende contribuir a una mejor comprensión de la forma en que funcionan el sistema político, el sistema electoral y el sistema de partidos, una trilogía fundamental que da esencia y soste-nimiento a la vida política y social de nuestro país.

Para llevar a cabo este proyecto de investigación, que dio inicio a finales del año pasado, el CEDOH conformó, como ya es habitual en su metodología de trabajo, un equipo de investiga-ción multidisciplinario en el que han intervenido profesionales de la sociología, el derecho, las ciencias políticas y el perio-dismo. Las conclusiones a que cada investigador ha llegado, los hallazgos encontrados, las opiniones y juicios de valor emi-tidos, todos ellos en su conjunto van respaldados por firmas individuales y por la reflexión conjunta y el consenso obtenidos en discusiones abiertas y plurales en el seno del organismo coordinador, el CEDOH.

Todo este esfuerzo de investigación y análisis, que hoy des-emboca en la publicación de este libro, no habría sido posible sin el apoyo directo y sincero del gobierno de Holanda, canali-zado a través de su representación diplomática ubicada en la ciudad de San José, Costa Rica. Por supuesto, no hace falta insistir en que ese valioso apoyo no compromete en nada a sus patrocinadores con las conclusiones y opiniones contenidas en este libro. La responsabilidad por las mismas pertenece única y exclusivamente a sus autores y al Centro de Documentación de Honduras.

La crisis generalizada que afecta a los partidos políticos en distintos niveles y en múltiples latitudes está presente también en Honduras. Aunque su aceptación no es total, cada vez son más los analistas y dirigentes políticos que toman conciencia de esa crisis, la aceptan como un hecho de la vida cotidiana y hacen esfuerzos por interpretarla y, eventualmente, superarla.

La crisis se expresa en diferentes instancias y a través de dis-tintas manifestaciones. Abarca las áreas de la representación y la intermediación de los partidos políticos entre la sociedad y el Estado, al mismo tiempo que concierne a la cultura de-mocrática, la eficacia de la gestión pública, la credibilidad la legitimidad del sistema en su conjunto. Cuando se agranda y profundiza, la crisis afecta a la esencia de la política misma, poniendo en entredicho su validez e importancia, su utilidad pública como instrumento idóneo para la búsqueda del bien común, el progreso social, la vida en libertad y el bienestar colectivo.

Las encuestas de opinión de los últimos años, especialmente aquellas que se llevan a cabo en universos definidos de pobla-ción juvenil, revelan un profundo desencanto con la política, un preocupante descreimiento con respecto a la actividad, funcionamiento y utilidad de los partidos y de la clase política en general. Hay como un creciente sentimiento de indiferencia velada, en el mejor de los casos, o de rechazo abierto, en el peor, en relación con la actividad política.

Sin embargo, a pesar de lo que esa tendencia refleja y alimen-ta en términos de percepción ciudadana, también es preciso advertir que existen otras tendencias y corrientes que apuntan en dirección contraria o, si se quiere, diferente.

De acuerdo a Marta Lagos, directora y fundadora de la conoci-da firma encuestadora Latinobarómetro -citada por Caroline Boussard en su importante libro "Crafting Democracy. Civil society in post transition Honduras"- nuestro país ocupaba el sitial más bajo en el apoyo a la democracia en América Lati-na en el año 1996. Sólo el 42% de las personas entrevistadas en Honduras respondieron afirmativamente a la pregunta si "la democracia es preferible a cualquier otro tipo de gobierno". En Guatemala fue el 51%, en El Salvador el 56%, en Nicaragua el 59% y en Costa Rica el 80%, para citar únicamente a los paí-ses del entorno regional. Con respecto al nivel de "satisfacción con la democracia", el 20% de los hondureños encuestados se mostraron satisfechos, siendo superado nuestro país apenas por Guatemala en donde tan solo el 16% confesaron su satis-facción con la democracia.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, según la encuesta de Latinobarómetro correspondiente al año 2000, el respaldo hondureño a la vida en democracia creció desde el débil 42 % de 1996 a un 57 % en 1998 y a 64 % en el 2000, revelando así Honduras el mayor crecimiento en el apoyo a la democracia entre todos los países centroamericanos.

Si nos atenemos al valor de estos porcentajes y a la seriedad científica de las mediciones que realiza la firma Latinobaróme-tro, justo y necesario sería preguntarnos qué fue lo que pasó en esos cuatro años, entre 1996 y el 2000, para generar una variación tan importante en las opiniones y actitudes de los hondureños hacia la democracia.

Las respuestas a esta pregunta pueden ser varias y de diverso peso y profundidad, pero hay una que, sin duda, tiene impor-tancia propia y significado especial. Precisamente en la mitad de ese corto periodo de cuatro años tuvo lugar el paso devas-tador del huracán Mitch por el territorio nacional, entre octubre y noviembre del año 1998; un fenómeno natural que no limitó sus terribles consecuencias al ámbito de las estructuras físicas y económicas del país ni a la terrible dimensión de los daños materiales y la pérdida de vidas humanas. También llevó a cabo su previsible e inevitable autoconversión en fenómeno político y social, con las consecuencias de todo tipo ya cono-cidas en el ámbito nacional.

No es casual que en la terminología académica y en el análisis político serio se haya empezado a utilizar ya los conceptos de la "Honduras pre Mitch" y la "Honduras post Mitch" para hacer referencia a ese fenómeno natural y político social que se erige como un determinante parteaguas en la historia con-temporánea de nuestro país.

En la fase previa al huracán, luego de concluir una intensa campaña electoral (1996-1997) que dio el triunfo nuevamente a los liberales permitiendo su reafianzamiento en el poder en enero de 1998, y en los años posteriores inmediatos al mismo, la sociedad hondureña vivió una intensa actividad política que gradualmente se fue dinamizando por una creciente participa-ción de la ciudadanía, estimulada por avances sustantivos en el programa de modernización del Estado, la creación de nue-va institucionalidad democrática y una necesidad cada vez más evidente de poner en marcha importantes reformas en el sis-tema de administración de justicia, en el sector de seguridad, al interior de los cuerpos policiales, en las relaciones civi-les/militares, en el área del respeto y vigencia de los derechos humanos y en la construcción y afianzamiento de un Estado de derecho viable y eficiente.

La destrucción y crisis provocadas por el huracán pusieron en evidencia la fragilidad social del país, su vulnerabilidad ambien-tal y su flaqueza institucional, pero, al mismo tiempo, desplaza-ron a un primer plano y con mayor fuerza la urgente necesidad de reconstruir y transformar, de edificar de nuevo la infraes-tructura perdida pero también de introducir cambios y reformas en el funcionamiento del Estado y en el sistema político del país.

De igual manera, el huracán generó condiciones propicias para que salieran a flote múltiples organizaciones de la sociedad civil -grupos comunitarios, juntas de vecinos, asociaciones religiosas, numerosas y variadas ONGs, etc.- que, junto a las alcaldías municipales y a la ciudadanía afectada, desataron un verdadero torrente de dinamismo político y social, del cual mu-chas veces ellas mismas no eran ni fueron conscientes. Ese torrente, expresado inicialmente con mayor fuerza en los espa-cios de las comunidades locales, sin duda alguna, afectó y trastocó los mecanismos íntimos del sistema político y del en-tramado social hondureños.

Los partidos políticos, actores curiosamente ausentes en la vorágine del huracán, no fueron capaces en los inicios de hacer una lectura correcta de lo que estaba sucediendo. Atra-pados en sus estructuras premodernas y sujetos a la voluntad subjetiva de sus cúpulas tradicionales, los partidos políticos, especialmente los dos más grandes del país -el Liberal y el Nacional-, se automarginaron de esas grandes corrientes de dinamismo ciudadano que el huracán Mitch facilitó y estimuló. Al hacerlo, se pusieron a un lado, a la orilla del gran río social que fluía cada vez con más fuerza e intensidad e inundaba los espacios de todo el escenario nacional.

La nueva dinámica social desencadenada en la Honduras post Mitch muy pronto confluyó con la necesidad de hacer cambios y reformas para reducir la vulnerabilidad social y la debilidad institucional del país. La Segunda Reunión del Grupo Consulti-vo para la Reconstrucción y la Transformación de Centroamé-rica, celebrada en la capital sueca en mayo de 1999, produjo la famosa Declaración de Estocolmo que, entre otras, tuvo la virtud de proporcionar coherencia y respaldo efectivo a una agenda social y política acorde con las necesidades y deman-das de la sociedad hondureña. Esa Agenda, junto al Plan Maestro para la Reconstrucción y la Transformación Na-cional (PMRTN), diseñado y aprobado en los meses posterio-res al huracán Mitch, y, en menor medida, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), discutida ampliamente y aprobada en los años 2000 y 2001, se convirtieron en docu-mentos clave y plataformas de acción a través de las cuales se canalizaba buena parte de la energía social y la participa-ción ciudadana características de la fase posterior al huracán Mitch.

De alguna manera, el nuevo dinamismo social habría de tradu-cirse en más participación política y, por lo tanto, en menor desencanto y mayor entusiasmo por formar parte de la práxis política para inpulsar los cambios, para presionar a favor de las transformaciones que el país urgía y la sociedad demandaba. Este nuevo dinamismo social contaba con un soporte importan-te y casi decisivo: el apoyo de la comunidad cooperante inter-nacional, interesada en facilitar reformas en las arcaicas es-tructuras locales, en ampliar los niveles de la participación de la gente y estimular corrientes de transparencia y rendición de cuentas.

Es en este contexto en el que deben entenderse los acuerdos y compromisos firmados por los partidos políticos y sus candida-tos presidenciales en septiembre del año 2001, de cara ante la sociedad civil y frente a la comunidad de países y organismos donantes. Y, por lo mismo, es en este marco en el que debe analizarse e interpretarse el contenido, los avances, las limita-ciones y vacíos, los alcances y posibilidades de la nueva Ley Electoral aprobada y puesta en vigencia en mayo de este año 2004.

La ciudadanía debe entender que la nueva Ley Electoral, críti-camente interpretada y debidamente aplicada, puede ser -debe ser- un instrumento útil en sus manos para influir positivamente en los resultados electorales y practicar el innegable derecho de ejercer el voto, estando también, al mismo tiempo, en capa-cidad de elegir a los candidatos de su preferencia y simpatía. Votar y elegir, he aqui una doble función que no debería sepa-rarse ni fragmentarse, un derecho que el electorado debe re-clamar y ejercitar.

En la medida que la ciudadanía sea capaz de irse apropiando gradualmente de las ventajas que contiene la nueva legislación electoral, de igual manera que se vaya despojando de los vie-jos prejuicios y hábitos del antiguo estilo político-comicial, en esa misma medida el electorado estará en mejor capacidad para ejercer sus derechos y escoger a los mejores hombres y mujeres para gobernar Honduras.

Sabemos que el camino no es corto ni la tarea es fácil. En esencia, se trata de cambiar valores, hábitos y costumbres que conforman el meollo de la cultura política prevaleciente en el país. Pero, como reza el proverbio chino, toda larga caminata comienza con un paso, y nosotros, en el Centro de Documen-tación de Honduras, queremos, modestamente, que este libro que hoy ponemos en sus manos, estimados lectores, sea al menos un pequeño paso en esa larga y difícil caminata que nos espera.

Víctor Meza
Coordinador del Proyecto y
Director del Centro de Documentación
de Honduras