Coordinador General:
Víctor Meza

Investigadores:
Leticia Salomón
Eugenio Sosa
Julieta Castellanos

Equipo de apoyo:
Mirna Flores
Félix Molina

Introducción:

Desde los inicios de los años ochenta, Honduras vive un largo y complicado proceso de transición política que arranca desde el final de los regímenes militares del periodo 1963-1980, pasa por la fase del poder compartido entre políticos civiles y militares uniformados en el decenio 1980-1990, y, finalmente, busca desembocar en una sociedad democrática y abierta, plural, participativa y tolerante, en la década de los noventa y en estos primeros años del nuevo siglo XXI.

El proceso de la transición política hacia la democracia ha sido lento y tortuoso, zigzagueante y difícil. A veces, de tanto que se ha prolongado, crea la impresión de haberse vuelto permanente. Pero no es así. Para entenderlo mejor, es necesario analizarlo en sus diferentes momentos, en las distintas fases por las cuales ha debido atravesar, venciendo en cada una de ellas los múltiples obstáculos heredados del reciente pasado castrense o enfrentando las nuevas dificultades del presente y, lo que es más importante, los desafíos del inmediato futuro.

La transición política en Honduras comienza formalmente a partir de 1980, año en que los militares, atascados en la propia crisis que habían generado y presionados por factores externos, se ven obligados, a regañadientes, a transferir gradualmente los controles del poder a los políticos civiles. Y este hecho, que marca el primer momento de la transición, es clave y esencial para entender la naturaleza de todo el proceso transicional.

No es lo mismo un proceso de transición política en el que los militares ceden, incluso contra su propia voluntad, el poder a los civiles, que un proceso en el que los civiles conquistan los espacios políticos a costa del deterioro y repliegue de los militares. En el primer caso, la dinámica de la transición es débil y dependiente de factores exógenos. En el segundo caso, la energía social acumulada y el impulso político autónomo le conceden más fuerza y mejor contenido al proceso de transición política.

En sus comienzos, la transición hondureña ha debido sortear, a veces con escaso éxito, las poderosas influencias, todavía muy arraigadas dentro de la estructura social y política, de los grupos militares que durante tres lustros habían controlado el poder y manipulado a su antojo el Estado. En el inicio, la convivencia con el poder y las influencias múltiples de los militares, que a menudo devenía en connivencia, fue la nota característica en esa fase del proceso de transición. El poder castrense, que se resistía a perder sus tradicionales y avasalladoras cuotas políticas y espacios administrativos en la conducción del Estado y en el control de la sociedad, impuso serias restricciones y carencias en la transición política, dificultando su avance, deformando su contenido o simplemente forzándola al estancamiento y a eventuales retrocesos. Los militares, después de varios años de ejercicio total y manipulación arbitraria del poder, acabaron impregnando groseramente la cultura política hondureña con los vicios del autoritarismo, la verticalidad en la toma de decisiones y la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos y a la práctica sistematizada de la corrupción administrativa.

Sólo cuando la convulsa situación centroamericana empezó a cambiar y disiparse, impulsada en buena medida por los esfuerzos regionales en favor de la paz -Esquipulas I y II, Grupo de Contadora, etc.- y el nuevo clima de distensión internacional al final de la guerra fría, fue posible que en Honduras, territorio clave en la geopolítica regional y en las estrategias de Estados Unidos en la zona, se abrieran más los espacios de tal forma que el proceso de transición política hacia la democracia fuera adquiriendo un nuevo contenido, más real y concreto, menos frágil y vulnerable. Una transición que comenzó mediatizada en el momento más álgido del conflicto político-militar regional, sólo tuvo la oportunidad de ampliarse y echar mejor raíces en el momento que llegó la paz.

Por eso es que la transición hondureña sólo cobra verdadero sentido y dirección a principios de los años noventa, coincidiendo con el final de la guerra fría y el inicio de los procesos de pacificación y desarme en el resto de los países centroamericanos. A partir de ese momento, surgen otras y más apropiadas condiciones para crear nuevas instituciones políticas de carácter democrático que dan fuerza y sostén a la dinámica de la transición política.

No es casual que sea precisamente en esta época -inicios de los años noventa- cuando se pone en marcha un amplio programa de modernización del Estado, que contó con el respaldo material y técnico de instituciones financieras internacionales y de países amigos de Honduras. Gran parte de las reformas políticas e institucionales que ocupan la agenda nacional de hoy, en los primeros años de este nuevo siglo, ya estaban diseñadas y propuestas en el programa de la modernización del Estado en la última década del siglo pasado.

Los sistemas políticos, al igual que los económicos, tienen sus fases de esplendor y decadencia. Llega un momento en que sus mecanismos y normas, que les hacen viables y funcionales, empiezan a fallar y volverse obsoletos. La dinámica de la vida, que siempre es infinitamente más rica y múltiple que los esquemas legales que pretenden encasillarla y regularla, va poco a poco superando el modelo vigente y dejándolo atrás.

Es entonces cuando se imponen las reformas, los ajustes, los cambios necesarios para devolverle al sistema la funcionalidad disminuida y la legitimidad social requerida. Las reformas, en tanto que opción válida y solución cívica ante la perspectiva de cambios violentos y convulsivos, se vuelven una necesidad imperiosa, tan inevitable y urgente como inevitable ha sido el deterioro del sistema político que se pretende cambiar. El dilema se vuelve más concreto y preciso : ya no se trata de cambiar o conservar las viejas reglas del juego; se trata, en verdad, de cómo hacerlo, cómo articular el cambio y la transformación, sin producir fracturas graves al organismo social ni alteraciones dramáticas en su funcionamiento.

El esquema político que ha sido construido durante la transición hacia la democracia, un sistema basado esencialmente en la Constitución política de 1982, aprobada por la Asamblea Constituyente que, dos años antes, inició el camino de la construcción democrática en esta fase de la historia contemporánea de Honduras, es un sistema que está mostrando su inevitable agotamiento, ha empezado a hacer aguas, a evidenciar sus limitaciones y carencias. Se impone, pues, por lógica política y por sentido de la historia, la necesidad de reformar el sistema, introducirle cambios importantes en su mecanismo, hacerlo más ágil y eficiente, ponerlo a tono con las urgencias de los nuevos tiempos. En pocas palabras: hacerlo más democrático y moderno.
La sociedad hondureña, a veces con lentitud que aterra o con avances súbitos que sorprenden, ha ido gradualmente cambiando y evolucionando en su cultura política y en su práctica institucional. También su composición es hoy más laberíntica y gelatinosa que antes. Nuevos actores, dinámicos y sorprendentes, se han incorporado al escenario social y lo han convertido en algo más animado y efervescente. La sociedad civil, especialmente en la fase posterior al desastre causado por el huracán Mitch en 1998, se ha convertido en un interlocutor cada vez más activo y demandante, casi siempre presente y participativo. La misma comunidad cooperante internacional, a menudo aliada solícita y oportuna de las organizaciones de la sociedad civil, tiene cada vez un papel más protagónico e influyente en la agenda diaria de la vida nacional. De ser un factor externo, que imponía una "condicionalidad negativa" en el reciente pasado, poco a poco se ha ido convirtiendo en un factor interno, que propone y promueve una nueva "condicionalidad positiva" dentro de la vida nacional.

El sistema, en cambio, con algunos retoques y apuntalamientos cosméticos, se ha mantenido inmóvil y atrasado. Se ha generado un desfase entre las demandas de la sociedad, cada vez más dinámica y participativa, y los frenos y límites que impone un sistema político que se ha vuelto anquilosado e inmóvil. Frente al dinamismo de la sociedad, se yergue, cual incómoda muralla, el sistema político e institucional ya rebasado por la vida y superado por las nuevas urgencias de la modernidad.

Es precisamente de este desfase, de este desencuentro entre el sistema político e institucional y la sociedad hondureña post Mitch, que emerge con nueva fuerza la necesidad impostergable de adoptar reformas profundas en el esquema político de la sociedad y en el andamiaje institucional del Estado.

Fue en este nuevo contexto social en el que los partidos políticos, presionados directamente por múltiples organizaciones de la sociedad civil y discretamente estimulados por importantes organismos y agencias de la cooperación internacional, decidieron firmar, durante la última campaña electoral, importantes acuerdos y compromisos para llevar a cabo muchas de las reformas políticas e institucionales que el país demanda y la sociedad exige.

Asi fue que, en septiembre de 2001, a escasos dos meses de las elecciones generales para escoger a las nuevas autoridades del país, los representantes de los cinco partidos políticos legalmente inscritos en Honduras, cuatro de ellos candidatos presidenciales en esas elecciones, firmaron dos documentos básicos titulados "Manifiesto de los partidos políticos al pueblo hondureño", el dia 04, y "Acuerdo nacional de transformación para el desarrollo humano en el siglo XXI", el dia 18. Ambos documentos fueron suscritos en presencia de numerosos testigos y avales de la sociedad civil y la comunidad cooperante internacional. Más tarde, entre los meses de septiembre 2001 y febrero 2002, al calor de la euforia electoral o en el entusiasmo de los primeros días del nuevo gobierno, los dirigentes políticos del país, en representación de sus respectivos partidos, firmaron otros pactos y acuerdos hasta llegar a conformar una vasta e intrincada red de promesas y ofrecimientos para realizar la postergada transformación nacional.

La firma de los llamados Acuerdos políticos de septiembre de 2001 generó diversas reacciones en el seno de la sociedad hondureña, desde las posiciones más optimistas e ingenuas que festejaban el compromiso público de los cinco partidos, hasta el recalcitrante escepticismo de los críticos que ponían en duda la voluntad política real de los firmantes y consideraban el proyecto reformista como un peligroso mecanismo desmovilizador de la protesta social. No faltaron tampoco los que optaron por el beneficio de la duda y decidieron esperar al desarrollo de los acontecimientos para demandar, si ese era el caso, con base firme y autoridad social suficientes, el cumplimiento de los compromisos.

Pero, al margen de las dudas y cuestionamientos lógicos, es bueno preguntarse: ¿por qué firmaron los políticos esos pactos y acuerdos que los comprometían seriamente ante los ojos de la sociedad? ¿cuáles fueron sus razones básicas para dar ese paso y asumir tan grande responsabilidad?

La respuesta no es simple y requiere el análisis de varios factores que ayudan a explicar esa novedosa conducta de los dirigentes políticos locales. En la tradición política hondureña, los dirigentes de los partidos han negociado y suscrito varios y diversos documentos de acuerdos y compromisos, pero siempre lo han hecho entre ellos mismos o al amparo de los poderes fácticos en calidad de avales (Fuerzas Armadas, grupos empresariales, emisarios o diplomáticos de Estados Unidos, etc.), de espaldas a la sociedad, casi en secreto, a hurtadillas. La historia política del país conoce muchos de esos pactos y "pactitos" (especie de reglamentos subterráneos y confidenciales de los acuerdos públicos), que se han discutido y asumido entre los dirigentes políticos, en la penumbra del secreto, para repartirse el botín del Estado y distribuir las cuotas de poder e influencia que, en proporción a su fuerza política o a la de sus aliados, le corresponde a cada cúpula partidaria.

Sin embargo, los acuerdos firmados en septiembre de 2001 fueron muy diferentes, no sólo en su concepción original sino también en su proceso de elaboración y en el estilo de conducción y manejo. Se llevaron a cabo de frente a la ciudadanía, con el aval de numerosas organizaciones de la sociedad civil y de cara a todos los observadores locales e internacionales. Esos acuerdos, en buena medida, fueron el resultado de la nueva situación creada en la sociedad hondureña post Mitch, una situación caracterizada, básicamente, por un mayor dinamismo político de la ciudadanía y una notable efervescencia cívica y participativa entre las numerosas organizaciones de la sociedad civil.

Los políticos, en su gran mayoría, a fin de preservar cierta beligerancia pública y conservar un poco del deteriorado prestigio de antaño, se vieron forzados a asumir abiertamente los compromisos de hacer reformas y cambios en el esquema político e institucional del país. La llamada clase política local, de pronto y para gran sorpresa suya, se sintió constantemente observada por una amplísima red de organizaciones no gubernamentales y por numerosos y atentos actores de la cooperación internacional. No es casual que en el proceso electoral que concluyó en noviembre de 2001, por primera vez se haya puesto en práctica, desde el ámbito de la sociedad civil, un minucioso sistema de monitoreo y seguimiento sobre los candidatos y sus partidos, su discurso político, su estilo, su propuesta electoral y su visión de país .

En tales condiciones, era muy difícil que los candidatos presidenciales o los representantes políticos de las cúpulas partidarias se negaran a firmar documentos que habían sido ampliamente discutidos en diversas instancias públicas y que -lo más importante- reflejaban en esencia las demandas y reclamos políticos de la sociedad hondureña, con el apoyo -ora abierto ora discreto- de la comunidad donante. Esas demandas, muchas de ellas contenidas en los primeros planes de modernización del Estado, encontraron un reflejo nítido en la Declaración de Estocolmo, un documento esencial que resume en forma clara y precisa lo que los países cooperantes esperan que se haga en un país como Honduras. Esa Declaración fue adoptada en mayo de 1999 en la capital de Suecia, al finalizar la Segunda reunión del Grupo Consultivo para la reconstrucción y transformación de América Central, integrado por los países amigos y organismos internacionales dispuestos a ayudar a la región luego del desastre causado por el huracán Mitch seis meses atrás.

Los reclamos por la participación ciudadana, el control social sobre la gestión pública, la descentralización política, la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la protección del ambiente y la lucha por la reducción de la pobreza, conformaron la agenda política básica de la sociedad civil hondureña, en cercana sintonía con el mensaje contenido en la Declaración de Estocolmo.

Por supuesto, también cabe decir que muchos de los políticos que firmaron los Acuerdos de septiembre 2001 lo hicieron por simple cálculo electoral, confiando en engañar, una vez más, a sus posibles votantes. Acostumbrados a la demagogia cotidiana, optaron por asumir compromisos cuyo cumplimiento seguiría siendo algo etéreo e impreciso. Y por eso, seguramente, no vacilaron en firmar cuanto documento les presentaban ni en asumir cuanto compromiso les pedían.

Sumar esos compromisos y clasificarlos por su contenido e importancia, o por su simple viabilidad práctica, no es tarea fácil. Más difícil aun es darles seguimiento y observar su errática trayectoria en el barullo de promesas falsas, compromisos a medias o cumplimiento incompleto que caracterizan la conducta de la clase política local.

Pero es necesario hacerlo. No sólo para recordarles constantemente a los políticos la vigencia de sus promesas y compromisos, sino -y esto es sin duda lo más importante- para presionarles a favor del cumplimiento de la palabra empeñada y la debida aprobación de las reformas ofrecidas.

Ese trabajo de seguimiento minucioso y monitoreo constante de los compromisos adoptados por los partidos políticos en septiembre de 2001, ha sido uno de los proyectos de investigación más fascinantes y aleccionadores que el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) ha puesto en marcha en los dos años transcurridos desde la firma de los Acuerdos. Este libro resume en buena medida todo ese trabajo realizado, a la vez que muestra, con precisión cronológica y análisis e interpretaciones puntuales, el largo y difícil recorrido de las reformas políticas e institucionales desde el momento de su elaboración, como promesa electoral y compromiso formal, hasta la difícil fase de su discusión y eventual aprobación parlamentaria.

A lo largo de estos dos años, el CEDOH ha publicado tres amplios informes dando cuenta del estado de las reformas, su evolución, los tropiezos y dificultades que encuentran, su nivel de avance o estancamiento. Esos informes están incluidos en la primera parte de este libro.

La lectura de los mismos permitirá conocer con más certeza cronológica las diferentes dificultades y trabas que han encontrado las reformas político-institucionales en su tortuoso recorrido desde el momento en que eran una simple promesa electoral hasta la fase en que deben ser discutidas y aprobadas en el seno del Congreso Nacional. En esos informes queda registrada la escasa voluntad de cumplimiento que han mostrado muchos de los firmantes de aquellos compromisos, la resistencia de ciertas cúpulas partidarias a dar su visto bueno al proyecto reformista y, por supuesto, las mil y una argucias esgrimidas por todos ellos para frenar el proceso reformista y evadir su obligación de cumplir con la palabra empeñada.

Ante esta situación, bueno es preguntarse sobre las razones que tienen esos políticos para incumplir sus compromisos previos y quitarle valor a la promesa ofrecida frente a la sociedad civil y la comunidad de agencias y países donantes.

La oposición de muchos dirigentes políticos a las reformas no debe causar asombro ni extrañeza. Desde siempre ha sido asi. Las refor-mas generan oposición, ya sea en la forma del abierto rechazo o en la menos evidente de la discreta resistencia. Y el apoyo que despier-tan, no siempre cuenta con la misma fuerza ni idéntico entusiasmo del que disponen los antirreformistas. Maquiavelo, en "El Príncipe", advertía ya en 1535 sobre esta situación: "el innovador político tiene por enemigos a todos aquellos que sacaban provecho de las viejas instituciones, y tiene por débiles defensores a todos aquellos que po-drían sacarlo de las nuevas". Sabia conclusión la del pensador flo-rentino, que encuentra cabal reflejo en la realidad actual de la política hondureña.
Algunos políticos sienten y perciben, por conocimiento o por simple olfato, que las reformas, al cambiar las reglas del juego y crear condiciones para una relativa redistribución del poder, les pueden afectar en sus intereses personales y erosionar su liderazgo, muchas veces más supuesto que real. Acostumbrados a las normas y costumbres del status quo político, creen que cualquier reforma, por pequeña que sea, al producir alteraciones inesperadas en ese status quo, les perjudica y lesiona. Ante lo novedoso y desconocido que supone el proyecto reformista, ellos apuestan a lo viejo y conocido, al sistema político tradicional que les beneficia y respalda.

Las reformas, por supuesto, cumplen un rol redistributivo en las cuotas del poder y, por lo mismo, producen alteraciones y desacomodos en la estructura política. Pero son alteraciones que, al final, lejos de perjudicar al sistema en su conjunto, le favorecen y consolidan. Al devolverle funcionalidad, lo hacen más legítimo y viable: lo fortalecen.

También hay quienes se oponen por simple ignorancia o incomprensión de lo que representan las reformas. No han percibido todavía los cambios que se han operado al interior de la sociedad y, por lo mismo, no son capaces de captar la urgencia de los nuevos tiempos y desafíos. Insisten en las antiguas formas de hacer política, en el viejo estilo de gobierno. No sienten la necesidad de hacer reformas. El sistema funciona bien para ellos y eso es suficiente.

Al desconocer los cambios operados en el interior del cuerpo social, se ignora también el reto de la modernidad y los grandes dilemas que presenta. No hay base real para sustentar una "visión de país" que permita dibujar la Honduras del futuro, la sociedad de mañana, el país que muchos queremos habitar.

Hay grupos de interés poderosos que creen que las reformas habrán de perjudicar sus posiciones políticas. Ellos forman una base social importante para respaldar el rechazo al proyecto reformista. Muchos dirigentes políticos pertenecen o representan a esos grupos, están o se sienten identificados con ellos. Y, por lo mismo, actúan en consecuencia, oponiéndose a las reformas y demorando lo más posible su aprobación legislativa.

Pero, también, en el trasfondo del rechazo y la oposición a las reformas hay una cierta actitud de menosprecio hacia los electores, una subvaloración de la ciudadanía. No son pocos los dirigentes políticos que cortejan y utilizan al ciudadano en su calidad de votante, pero lo olvidan y menosprecian en su condición de elector. Al reducir a la masa ciudadana a la condición de masa votante, el político tradicional apuesta por una ciudadanía desactivada y menguada. De esta forma, niega en la práctica el valor de la participación ciudadana, aunque la proclame como una consigna en su oferta electoral.

Esta actitud instrumental hacia los electores se ve reforzada por la vieja cultura del incumplimiento de las promesas y la desvalorización del discurso político. La palabra, la firma, el compromiso públicamente asumido, no tienen ni el valor ni la vigencia que deberían tener. Son apenas instrumentos de la demagogia política, utensilios domésticos en el amplio desván del político tradicional.

El divorcio de la política con la ética queda aquí claramente reflejado. Es el juego habilidosamente combinado de la simulación y la disimulación. "En la simulación procuramos acuciosamente engañar a otros; son despistados, estafados, embaucados. En la disimulación sólo escondemos nuestros propios pensamientos o la cantidad de información que tenemos disponible, o un secreto... no se está autorizado a mentir, pero tampoco se tiene por qué decir toda la verdad".

Quizás en algunos de estos factores, o seguramente en la combinación de todos, están las razones profundas por las cuales muchos de los políticos firmantes de los Acuerdos de septiembre de 2001 se han resistido tanto a poner en práctica las reformas político-institucionales prometidas.

Hasta el momento en que aparece este libro, dos años después de haber sido firmados los Acuerdos originales, el Poder Legislativo apenas ha logrado aprobar dos reformas de caracter político e institucional, contenidas en el famoso "Manifiesto de los partidos políticos al pueblo hondureño":

a. la separación del Registro Nacional de las Personas (RNP) de su unidad matriz, el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), junto a la sustitución de este último por un nuevo organismo llamado Tribunal Supremo Electoral (TSE), y

b. la eliminación de la figura jurídica de los Designados a la Presidencia y la creación de la vicepresidencia única. Ambas medidas estaban contempladas en los ocho compromisos básicos del primer documento firmado el 04 de septiembre de 2001.

La reforma para crear el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que fusiona a las antiguas Contraloría General de la República y Dirección de Probidad Administrativa, fue concertada por los partidos políticos después de los Acuerdos de septiembre de 2001. En cambio, la reforma constitucional del 30 de octubre de 2003, que todavía está pendiente de ratificación en la Legislatura del 2004, por medio de la cual quedó abolido el desprestigiado Régimen de inmunidades, fue más allá del simple compromiso de "revisar el concepto de inmunidad", que está contenido en el punto 15 -"Alianza para la transparencia y eficiencia de la gestión pública"- del ya mencionado "Acuerdo nacional de transformación para el desarrollo humano en el siglo XXI", firmado el 18 de septiembre de 2001.

La reciente decisión de uno de los dos grandes partidos políticos -el Nacional- de adoptar para sus elecciones internas la fórmula del voto separado, debidamente ilustrado con la fotografía de los candidatos, y su iniciativa para que tal procedimiento sea adoptado en el Congreso Nacional como norma general, son buenas señales que apuntan en dirección a la apertura reformista del modelo político tradicional.

Sin embargo, todavía están pendientes varias y muy importantes reformas ya comprometidas desde hace dos años, que siguen encontrando fuerte resistencia en las cúpulas partidarias y en el Congreso Nacional. Reformas tales como la creación de las figuras constitucionales del Plebiscito y el Referéndum o la implantación de un nuevo sistema, más abierto, incluyente y democrático, para la elección de los diputados, siguen esperando el momento de ser aprobadas. Lo mismo sucede con las reformas para reducir el tiempo de las campañas electorales, introducir transparencia y rendición de cuentas en el manejo de las finanzas de los partidos políticos, hacer una real apertura para que puedan competir las alianzas políticas y, en su conjunto, aprobar una nueva Ley electoral y de las organizaciones políticas, que habrá de sustituir a la actual legislación electoral, ya demasiado obsoleta y desfasada con respecto a la nueva realidad política y social en la Honduras post Mitch.

Estas reformas siguen pendientes de aprobación legislativa, mientras el tiempo avanza y se acerca el momento de celebrar nuevas elecciones generales en noviembre del año 2005. Pareciera que muchos dirigentes políticos prefieren esperar, ganar tiempo -su propio tiempo político- a costa del valioso tiempo histórico de la nación. Se resisten a cambiar las reglas del juego en asuntos tan sensibles como la selección al interior de los partidos y su correspondiente elección a nivel nacional de los futuros legisladores. Cambiar esas reglas, con las cuales han jugado desde hace ya muchos años y de las cuales han obtenido numerosos y cuantiosos beneficios, equivale a una especie de haraquiri político para las cúpulas partidarias y para el viejo liderazgo que se aferra a sus posiciones y se niega a aceptar la hora del relevo, un relevo generacional, doctrinario, metodológico, político en suma.

Una vez conocidas las razones, o al menos las más importantes, que explican la disposición casi entusiasta de los partidos a firmar los Acuerdos de septiembre de 2001, y una vez analizadas las seguras sinrazones que los conducen al incumplimiento de los compromisos contraídos, cabe preguntarse entonces qué es lo que se debe hacer para presionar a los partidos y lograr de ellos la aprobación definitiva del proyecto reformista y la puesta en práctica de la transformación institucional, que necesita urgentemente el sistema político hondureño.

Los Acuerdos políticos de septiembre de 2001 fueron avalados por numerosas organizaciones de la sociedad civil, en presencia -en calidad de testigos- de varios representantes de la comunidad cooperante internacional. Por lo tanto, avales y testigos pueden y deben jugar un importante papel en la lucha para obtener la aprobación de las reformas políticas e institucionales ya comprometidas. Su alianza -la de los avales y los testigos, valga decir la de la sociedad civil y la comunidad cooperante- es un factor clave para presionar a favor de las reformas, gestionar la concertación adecuada entre los diferentes actores políticos, y apoyar todas las iniciativas que apunten a la modernización política e institucional del país.

Las cámaras empresariales se han pronunciado a favor de las reformas; diferentes denominaciones religiosas han hecho otro tanto, asi como gremios profesionales, sindicatos, grupos de presión ciudadana, académicos e intelectuales que también han expresado su apoyo a las reformas y siguen reclamando su aprobación. El denominado "Grupo de los quince" (G-15), que reune a los países y organismos donantes que apoyan a Honduras, ha expresado claramente su posición en pro de las reformas: en su más reciente Declaración pública, el G-15 insta al gobierno de Honduras a "acelerar las reformas políticas e institucionales, ya en marcha, que garanticen mayor transparencia en la gestión pública y una lucha frontal contra la corrupción en todas sus formas". En diciembre de 2002, en otro documento, el G-15 había hecho un fuerte análisis crítico sobre el retraso e incumplimiento de Honduras en las tareas de la transformación institucional después del huracán Mitch. "El cumplimiento del compromiso preelectoral, afirmaba entonces el G-15, firmado por el conjunto de los partidos políticos, debe ampliarse inmediatamente a los aspectos faltantes, que son de central importancia para la profundización del sistema democrático".

Sin duda, es necesario conformar una amplia alianza que apoye la reforma y frene las iniciativas de la contrarreforma. Y, para fortalecer más una alianza semejante, es preciso sumar también a los dirigentes políticos y grupos modernizantes que hay al interior de todos los partidos, a fin de articular una amplia red de influencias y cabildeo político en favor del proyecto reformista.

Como siempre sucede en materia de reformas, junto a los conservadores que se aferran a los viejos esquemas y prejuicios, también hay dirigentes políticos seriamente preocupados por el creciente deterioro de la imagen pública de los partidos, de la política y de los políticos. Son los dirigentes que tienen una visión más lúcida del entorno social y apuestan por la modernización interna de sus organizaciones partidarias. Saben que el descreimiento y la desafección de la ciudadaníaa hacia los partidos políticos, más temprano que tarde, acaba desembocando en un desencanto generalizado que le quita base social a la política, la deslegitima aún más y genera condiciones para toda suerte de aventuras mesiánicas o tentaciones autoritarias. Esos dirigentes políticos son aliados clave en la promoción y aprobación de las reformas.

El país necesita avanzar en el camino de la modernidad y la democratización política. No puede darse el lujo de perder más tiempo e ignorar sus inevitables desafíos. Para ello necesita asumir el reto reformista con decisión y firmeza, poner en práctica las reformas políticas e institucionales necesarias para devolverle credibilidad al sistema, mejorar el funcionamiento del Estado, hacerlo más eficiente y eficaz. Las reformas permitirán a los partidos políticos recomponer su modelo de relacionamiento con la sociedad, darle nuevo contenido, más viable y creíble, a sus funciones básicas de representación e intermediación entre la sociedad y el Estado.

Las reformas, en síntesis, son la única vía posible para aliviar el déficit democrático que padece actualmente la sociedad hondureña. Más que una opción a considerar, son una solución histórica a adoptar. Sólo hace falta la verdadera voluntad política para impulsarlas, una voluntad que, además de conducir y orientar el proceso reformista, sea capaz también de contagiar el entusiasmo a la ciudadanía entera y movilizar todas las energías sociales en favor de la democracia y el estado de Derecho en Honduras.

Víctor Meza
Coordinador del Proyecto y
Director del Centro de Documentación
de Honduras