Coordinador General:
Víctor Meza

Equipo de análisis:
Leticia Salomón
Julieta Castellanos

Consultores/Asistentes:
Félix A. Molina
Mirna Flores Galo
Eugenio Sosa

Introducción:

La seguridad, en tanto que derecho inherente a la ciudadanía y obligación permanente del Estado, se ha convertido en los últimos tiempos en un asunto agobiante y crucial para la vida en sociedad. Todas las encuestas de opinión reflejan el alto grado de preocupación y, a veces, de verdadera angustia que envuelve a la ciudadanía en torno al tema de la inseguridad ciudadana. La violencia, el crimen organizado, la delincuencia común y la sensación de indefensión social en que se encuentra la gente, aparecen siempre entre los tres grandes problemas que más aquejan a la sociedad.
Pero, a pesar de la enorme importancia que el asunto ha adquirido y de su indudable protagonismo social, no existe todavía una corriente equivalente de pensamiento y análisis sobre el tema. Hay, lamentablemente, un sensible déficit de conocimiento sobre el asunto, tanto en los ámbitos académicos en particular como entre las organizaciones de la sociedad civil en general.
Hay varias razones para explicar este preocupante desfase entre los hechos reales y la apropiación cognoscitiva de los mismos, entre la realidad y el conocimiento. Una de ellas es, sin duda, que el tema de la seguridad durante mucho tiempo fue considerado como un tema tabú en el mundo civil, como algo destinado al manejo exclusivo por parte de los especialistas militares, dueños absolutos del coto reservado al análisis y estudio de los temas de defensa y seguridad.
No es casual que los asuntos de la defensa nacional y los de la seguridad pública con frecuencia aparecían mezclados entre si, de forma tal que no se podía concebir el uno sin el otro ni se debía intentar siquiera una separación racional e institucional entre los mismos. La defensa externa, garantía de la condición soberana del Estado en su entorno regional y, por lo mismo, tarea fundamental de los militares, se confundía con la seguridad interna, condición indispensable para el orden y la tranquilidad públicas y, por lo tanto, tarea de las fuerzas policiales. Al mezclar las dos funciones, los militares creaban la base "lógica" para englobar en su seno a la policía y subordinar a sus intereses supremos las tareas de la seguridad externa y la seguridad interna del país.
Durante treinta y cinco años la policía estuvo sometida al control y hegemonía castrense. Fue hasta el año 1998, en el clima reformista de la modernización del Estado y en un ambiente de crecientes demandas ciudadanas por la depuración y reforma de las fuerzas policiales, cuando se produjo el translado de la vieja y desgastada institución policial, desde el ámbito militar, al control y mando de las autoridades civiles legítimamente constituidas. En ese año fue emitida la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y fue creado el Ministerio de Seguridad, bajo la responsabilidad del cual quedó definitivamente sometida la policía.
Se había dado un paso hacia adelante de gran trascendencia. Había quedado sellada plenamente la separación institucional y funcional de la policía con respecto a las Fuerzas Armadas, su antigua casa matriz en las últimas décadas.
Pero el paso, aunque importante y positivo, no fue completo. En lugar de aprovechar el momento histórico para crear una nueva policía, se desperdició la oportunidad generada y se procedió simplemente a transladar la vieja policía a un nuevo ámbito institucional del Estado. Y por esa razón, el recién creado Ministerio de Seguridad, convertido ya en una nueva estructura estatal, descubrió de pronto que debía hacer su difícil trabajo disponiendo para ello de un viejo instrumento policial.
Y asi, la curiosa dialéctica entre lo viejo y lo nuevo, entre la modernidad institucional y la tradición funcional, empezó a dar sus controversiales e inevitables resultados.
En la medida que la inseguridad aumentaba y el crimen alcanzaba nuevas y más polifacéticas formas de organización y manifestación, más evidente se hacía ante los ojos de la sociedad el peligroso desfase entre los diferentes organismos operadores del sistema de justicia y la vieja fuerza policial, cargada de vicios y hábitos castrenses, divorciada de la ciudadanía, deslegitimada socialmente y con muy bajos niveles de credibilidad pública.
Esta situación sacó nuevamente a flote una vieja necesidad que la sociedad sentía desde hacía ya mucho tiempo: la necesidad de llevar a cabo una profunda y decidida reforma en el sector seguridad, que permitiera transformar la policía para que dejara de ser una parte del problema y pudiera convertirse en una parte de la solución.
La reforma en el sector seguridad, también conocida simplemente como reforma policial, sigue siendo una tarea pendiente en la agenda nacional. Los cambios realizados, algunos de ellos muy positivos y valiosos, carecen todavía de la necesaria coherencia interna que sólo puede darles el marco lógico de una política integral de seguridad, política que, lamentablemente, todavía no ha sido concebida ni diseñada.
No fue fortuito ni accidental que durante la última campaña electoral, en el año 2001, en pleno auge de la delincuencia y el crimen, el tema de la seguridad se convirtiera en un asunto clave del debate político. Tampoco fue casual que el partido que después resultó ganador en los comicios fuera el que más insistiera en la urgencia de dotar al país de una política estatal, de largo plazo, en materia de seguridad ciudadana.
La elaboración y diseño de una política semejante no puede ni debe ser tarea exclusiva de los actores estatales. La seguridad, en tanto que derecho ciudadano y deber estatal, nos compete a todos, en la misma medida en que las consecuencias de su antípoda - la inseguridad - nos afectan y perjudican a todos.
Si la seguridad, entre otras cosas, debe ser considerada como un bien público, es obvio entonces que su gestión y manejo requiere inevitablemente de una política pública. Es decir de una política de Estado, de largo plazo, de visión global, que trascienda el marco estrecho de las políticas gubernamentales, generalmente cortoplacistas y de alcance limitado a los cuatro años de la gestión presidencial.
Pero, el diseño, planificación y ejecución de tal política, para que sean viables y socialmente legítimas, requieren de una amplia y organizada participación ciudadana, es decir inclusión de todos los actores en la elaboración, en la búsqueda constante y paciente de consensos, con transparencia y democracia en los debates y discusión de su contenido. No es posible concebir una política integral de seguridad ciudadana sin la participación de la ciudadanía.
Y de esta forma, la seguridad, concebida como un bien público, se convierte también en un espacio para el diálogo y la colaboración entre el Estado y la sociedad, entre los diferentes organismos operadores del sistema de justicia y las diversas organizaciones de la sociedad civil. La participación ciudadana, si está respaldada por el necesario conocimiento sobre el tema y la información debida, se vuelve una fuente valiosísima de generación de nuevos conocimientos e insumos, un ámbito propicio para las opiniones compartidas y el trabajo conjunto.
En resumen, la seguridad, vista como un bien público, con grandes ingredientes de participación ciudadana que la vuelven espacio de diálogo y colaboración entre el Estado y la sociedad, adquiere su mejor perfil como lo que es y debe ser: un derecho básico, un terreno fértil y apropiado para que la ciudadanía pueda ejercer la libertad en el marco de un Estado de derecho.
En el tema de la seguridad, como sucede con muchos otros temas, es muy importante promover la búsqueda constante de una cierta precisión conceptual, un determinado rigor teórico que ordene el conocimiento, lo sistematice y permita, en definitiva, ir creando poco a poco un discurso común, un conjunto de códigos referenciales y valores compartidos que serán, al final de cuentas, los que nos permitirán generar la necesaria cultura de seguridad al interior de nuestra sociedad, la creación de lo que en otros países llaman ya la comunidad de seguridad.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos y problemas, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) diseñó y puso en práctica a partir del año 2003 un proyecto de investigación denominado "Percepción, monitoreo e incidencia en el manejo gubernamental de la seguridad", a fin de analizar y estudiar más a fondo los temas de la seguridad, un problema que, como ya se sabe, es multicausal en sus orígenes y multidimensional en sus manifestaciones.
Para llevar a cabo este proyecto de investigación, el CEDOH conformó un equipo interdisciplinario de investigadores y asistentes que incluyó profesionales de la sociología, el derecho, las ciencias de la comunicación y el trabajo social.
Se llevó a cabo una encuesta para medir la percepción ciudadana sobre la seguridad entre 220 personas a nivel nacional, cuidadosamente escogidas de tal manera que representaran un universo múltiple en el ámbito del sector seguridad, en particular, y del sistema de administración de justicia, en general. Fueron encuestados alcaldes, regidores, fiscales, defensores públicos, diputados, líderes comunales, empresarios, etc.
Además de la encuesta, se realizaron cincuenta y dos entrevistas con los más variados actores y protagonistas en el tema de la seguridad. Entre los entrevistados principales están los presidentes de los tres poderes del Estado (el texto íntegro de la entrevista con el Presidente Ricardo Maduro está incluido en la sección de Anexos de este libro), los dos ex Fiscales Generales de la Nación, el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, diversos funcionarios de la Secretaría de Seguridad, Directores de la Policía, miembros del Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN), directores de las oficinas de Supervisión y Asuntos Internos en el Ministerio Público y en la Policía Nacional respectivamente, magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, policías, fiscales y médicos forenses, además de diversos representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
Como resultado de todo este esfuerzo, que combinó tareas de estudio de la bibliografía y documentación existente sobre el tema a nivel regional y latinoamericano, análisis e interpretación de los hallazgos realizados a través de la encuesta y de las entrevistas practicadas, redacción de textos parciales y avances de investigación, presentación de informes ante la ciudadanía sobre la marcha y desarrollo del proyecto, elaboración de conclusiones finales y validación de las mismas en foros y talleres diversos, podemos hoy concluir el proyecto de investigación con la presentación de este libro que contiene, además de un diagnóstico y estudio detallado sobre el problema, una propuesta concreta sobre lo que debería ser una política integral de seguridad en nuestro país. En esta propuesta están resumidas las bases de tal política, los elementos y componentes clave que no podrían ni deberían faltar en el contenido de una estrategia global, de largo plazo y de carácter estatal, sobre los grandes desafíos que presenta la seguridad pública ante la sociedad hondureña.
Este libro, entre otras cosas, es también un esfuerzo por generar conocimiento desde el ámbito de la sociedad civil para promover la reforma integral del sector seguridad en Honduras, para desarrollar, es decir diseñar y aplicar, una verdadera política integral de seguridad democrática, que tenga el necesario carácter estatal y la indispensable duración de largo plazo.
También, este libro debe entenderse como un ejemplo de la colaboración posible y necesaria entre la sociedad y el Estado, que pueden ser socios, más que contrincantes, en el manejo y gestión que un problema que, como el de la seguridad, nos involucra a todos, nos afecta a todos y, por lo mismo, nos compete a todos.
Finalmente, debemos decir que el desarrollo y conclusión de este proyecto de investigación no habrían sido posibles de no mediar a nuestro favor el apoyo valioso y desinteresado del gobierno de Holanda, a través de su embajada en San José, Costa Rica. Por supuesto, tal apoyo no significa que los patrocinadores sean responsables por las ideas, opiniones, juicios de valor y conclusiones expuestas en este libro. La responsabilidad por su contenido pertenece única y exclusivamente al equipo de investigación del Centro de Documentación de Honduras.

Víctor Meza
Coordinador del Proyecto y
Director del Centro de Documentación
de Honduras